Trump planea multar con 998 dólares diarios a los migrantes que no cumplan las órdenes de deportación

Casi mil dólares al día. Esa es la multa que la Administración de Donald Trump planea cobrar a cada migrante con orden de deportación si no abandona Estados Unidos. Aquel que no pague la sanción diaria de 998 dólares también corre el riesgo de que las autoridades confisquen su propiedad. Cerca de 1,4 millones de migrantes cuya expulsión ya ha sido ordenada por un juez de inmigración podrían ser sancionados bajo la nueva estrategia del Gobierno del republicano, que planea aplicar las multas de forma retroactiva durante un máximo de cinco años, según Reuters, lo que podría resultar en penalidades de más de un millón de dólares.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya advirtió de las multas en una publicación en redes a finales del mes pasado, en la que instaba a los migrantes a autodeportarse a través de CBP Home, la aplicación antes conocida como CBP One bajo la Administración de Joe Biden, que ahora incluye una herramienta para que sus usuarios entreguen sus datos personales a las autoridades migratorias y salgan de manera voluntaria del país. “La aplicación CBP Home da a los extranjeros ilegales la opción de SALIR AHORA y autodeportarse. Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca volverán”, decía el post del 31 de marzo. Entre las consecuencias enumeradas por no utilizar la aplicación figuraba una multa diaria de 998 dólares, así como otra de entre 1.000 y 1.500 dólares para los migrantes que no se autodeporten después de haber indicado que lo harían y posibles penas de cárcel.

Reuters ha confirmado este lunes los planes del Gobierno de cobrar la multa diaria tras acceder a correos electrónicos y otros documentos internos de la Administración. De acuerdo con la agencia de noticias, la Casa Blanca ha presionado al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) para que se ocupe de la cuestión de las sanciones, la confiscación de bienes de los inmigrantes que no paguen y la venta de sus activos. La división de confiscación de activos civiles del Departamento de Justicia podría ser otra opción para las incautaciones.

En respuesta a Reuters, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, ha reafirmado que aquellos migrantes que no se autodeporten vía CBP Home “se enfrentarán a las consecuencias”, las cuales “incluyen una multa de 998 dólares por día por cada día que el extranjero ilegal sobrepasó su orden de deportación final”.

Las sanciones se llevarían a cabo en virtud de una ley de hace tres décadas que Trump ya usó durante su primer mandato. La norma, añadida a la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1996, establece que todo extranjero sujeto a una orden definitiva de expulsión “que deliberadamente no salga o se niegue a salir de Estados Unidos en cumplimiento de la orden” o “conspire o realice cualquier acción destinada a impedir o dificultar”, deberá pagar “una multa civil no superior a 500 dólares” por cada día.

En 2019, Trump invocó esta ley para imponer multas de entre 300.000 y 500.000 dólares a un grupo de migrantes indocumentados que habían buscado refugio en iglesias para evadir sus órdenes de deportación. Las iglesias eran entonces consideradas “lugares sensibles”, donde durante décadas las autoridades migratorias no podían llevar a cabo detenciones. Una política que el presidente desechó nada más jurar su segundo mandato.

La Administración Trump de entonces retiró las sanciones de cientos de miles de dólares unos meses después, pero luego procedió con multas menores de unos 60.000 dólares por persona contra al menos cuatro migrantes refugiados en iglesias. El Gobierno Biden dejó de imponer las multas y anuló las políticas relacionadas cuando asumió el cargo en 2021.

Aún no se sabe cuándo comenzará el Gobierno a cobrar las multas esta vez, pero un memorando revisado por Reuters mostraba que el CBP no tiene capacidad para administrar las sanciones y gestionar las incautaciones y que asignar a la agencia esta tarea podría acarrear costes significativos. Por ejemplo, la nota anticipaba que el CBP necesitaría al menos 1.000 nuevos especialistas paralegales, más del triple de los que tiene ahora, según la agencia.

El efecto sobre los hogares de estatus mixto

Este tipo de sanciones sobre migrantes con órdenes de deportación podrían acabar perjudicando a ciudadanos estadounidenses. Organizaciones pro migrantes estiman que entre ocho y diez millones de migrantes indocumentados viven con ciudadanos o residentes permanentes en lo que se conoce como hogares de estatus mixto. Y estas multas podrían golpear a los hogares de este tipo de menores ingresos y empujarlos bajo el nivel de pobreza.

Ya en 2016 un estudio publicado por el Migration Policy Institute revelaba que estos hogares tienen un 39% más de probabilidades de experimentar la pobreza que los nativos. Otras investigaciones apuntan a que los niños que viven con familiares indocumentados en hogares de estatus mixtos presentan las tasas de pobreza más elevadas (más del 30%), incluso cuando los propios menores son ciudadanos estadounidenses.