La liquidación amenaza a Sunsundegui, sin oferta "vinculante" de inversión

La administración concursal de Sunsundegui supedita la continuidad de la empresa alsasuarra a la presentación de una oferta firme de inversión a la mayor premura. Lo contrario supondría la liquidación con la consecuente rescisión del contrato de los 341 operarios que componen su actual plantilla. El informe presentado por la administración concursal y completado este lunes con una serie de anexos ya está en manos del juzgado de lo Mercantil número 2 de Pamplona y es tajante: “Han transcurrido cuatro meses desde la declaración de concurso y no se dispone de nada por escrito, por lo que todo parece indicar que el proceso finalizará en la liquidación de los activos de Sunsundegui y la tramitación del ERE extintivo de la plantilla, con los datos de los que dispone la administración concursal en este momento”.

La conclusión resume las conversaciones y declaración de intenciones de la propuesta más sólida formulada hasta ahora. Se trata de la iniciativa “no vinculante”, como se lee en el informe, de la compañía belga Dumarey. Hasta un total de 17 firmas se habían interesado por el devenir de la carrocera alsasuarra, inmersa en una delicada situación económica que abocó en noviembre a su dirección a solicitar el concurso de acreedores voluntario.

Fue el 6 de marzo cuando una delegación de la compañía belga mantuvo la última reunión con la administación concursal. Antes, la propia empresa de inversión había declarado que estaba “esperando financiación del ICO y del Gobierno de Navarra para presentar oferta”. Sin embargo, la administración cncursal comrpobó que “no habían avanzado nada con el tema de personal, ya que nos dijeron que tenían claros los puestos de trabajo que necesitaban pero que no habían realizado ningún tipo de selección de personal sobre la plantilla de Sunsundegui para saber con qué trabajadores iban a quedarse o no”. Sus intenciones, según se apunta en el informe, era “internalizar a los trabajadores de dos proveedores (Azkenga, con 43 trabajadores) y Poliéster Iruña, con 5, es decir, 48 trabajadores en total”. En otro momento de las conversaciones, el inversor insinuó la posibilidad de contar con alrededor de 250 trabajadores, “Nos indicaron que traerán a sus propios equipos y personal para puestos claves o críticos, de ser necesarios”, recoge el informe. Tenía además voluntad de “de intalarse en Alsasua durante unos meses para arrancar el proceso”.

Dumarey -siempre según el informe- se comprometió “a aportar en enero un plan industrial o de negocio”, y manifestó que había conseguido que tanto “Volvo como Mayers firmaran sendas cartas de intenciones para seguir con la producción en Sunsundegui” aunque nunca las aportaron a la administración concursal. Volvo figuraba en la cartera de clientes de la empresa alsasuara, con la que a finales de 2023 alcanzó un acuerdo para ocuparse de fabricar dos modelos de autobús de última generación. El propósito de la inversora belga era carrozar “121 autobuses en 2025 e ir aumentado en el año 2026”, eso sí, “sin indicar cómo iban a conseguir esos pedidos”.

Así las cosas, sin que se hubiese materializado en una oferta vinculante firme, el planteamiento de Dumarey pasaba por adquirir los activos de la firma por 3,5 millones. De esta cantidad, “2 millones para todos los bienes inmuebles, excluyendo los pasivos ambientales, y 1,5 millones para todos los demás activos, como equipos, existencias propiedad intelectual, herramientas, proyectos, etc”.

La suma de los 3,5 millones era notablemente inferior a la valoración total del activo, recogido en el informe, que asciende a 27.384.399,46 euros. Por su parte, el pasivo reconocido en la lista de acreedores asciende a 50.213.965,45 euros.

Más allá de las conclusiones recogidas por la administración concursal, se mantiene abierta una posible salida para que pueda materializarse la oferta. Tal y como señalan fuentes consultas, existe la opción de admitir una oferta de inversión, incluso en el caso de declararse la liquidación por parte del juzgado.

Tras la presentación del informe provisional por la administración concursal, este lunes se acordó su tramitación en el Registro Público Concursal junto con el inventario de bienes y derechos así como la lista de acreedores. A partir de su publicación en este registro, las partes podrán impugnar inventario y lista de acreedores en el plazo de diez días.